"Este gobierno no tortura personas."
Presidente Bush, 5 de octubre del 2007

Wolf Blitzer: "Entonces, usted piensa que esta administración esta involucrada en torturas?"
Ex presidente Jimmy Carter: "No lo pienso; lo sé."
Entrevista televisada el 10 de octubre del 2007

Estos comentarios hechos por el Presidente Bush y el ex Presidente Carter fueron ocasionados por un informe en el New York Times de fecha 4 de octubre del 2007 sobre memorándums secretos del departamento de Justicia encabezado por Alberto Gonzáles, con fecha de febrero del 2005 que dieron autorización explicita para utilizar las más duras técnicas de interrogación (que se sepan) han sido utilizadas por la CIA; estas consisten de combinaciones de "dolor físico y tácticas psicológicas, incluyendo golpes en la cabeza, ahogamiento simulado y temperaturas frígidas." Los nuevos memorándums sugieren que los esmerados esfuerzos del asistente del "Attorney General" (equivalente al ministro de justicia norteamericano), General James B. Comey y de otros para renunciar los infames memorándums del año 2002 de Yoo y Bybee sobre la "tortura" tuvieron efectos efímeros - al menos con respecto a la CIA.

Uno no puede culpar a Jimmy Carter por estar seguro de que la nación que vio nacer el movimiento de derechos humanos haya estado comprometida en tratos ilegales crueles, inhumanos y degradantes, incluyendo tortura criminal en violación de la norma fundamental más importante de los derechos humanos. Dados los recientes acontecimientos, esta haciéndose cada vez más insostenible argumentar que horrores como los la prisión en Abu Ghraib fueron abusos discretos realizados por "unas pocas manzanas malas."

A diferencia de Jimmy Carter, no puedo alegar conocimiento directo que los Estados Unidos utiliza la tortura deliberadamente o que envía a sus prisioneros a lugares donde sabe o sospecha fuertemente que ocurrirá tortura. Como millones de personas alrededor del mundo, solamente puedo sospechar fuertemente que esto esta pasando y ello basado en abundantes pruebas circunstanciales.

Estas pruebas incluyen la decisión tan equivocada de la administración, aparentemente basada en preocupaciones por la seguridad nacional, de no identificar públicamente las técnicas específicas de interrogación autorizadas para su personal y agentes. La credibilidad de los Estados Unidos en este tema no mejora con el rechazo del Presidente Bush para confirmar o negar si las "ampliadas técnicas de interrogación" incluyen tales métodos notorios como "water boarding" (asfixia simulada); tampoco ayuda que el nuevo "Attorney General" de los Estados Unidos haya alegado durante el proceso que él no sabía si esta misma táctica, familiar a los torturadores de la Inquisición española, era ilegal. Las declaraciones oficiales que los Estados Unidos no ha violado los numerosos tratados que ha ratificado porque estos acuerdos no se pueden aplicar extraterritorialmente o en el curso de la "guerra" contra el terror tampoco satisfacen los que correctamente creen que el abuso a seres humanos no debe ocurrir en ningún lugar o con respecto a nadie-al menos en respecto al derecho internacional consuetudinario. Pocos pueden creer en las declaraciones de los Estados Unidos en las que afirma no haber torturado personas ni haber violado la ley porque la cuestión se ha trasformado en la toma de posiciones partidarias que divide a algunos de los varios candidatos presidenciales en el país. Algunos de estos candidatos han sugerido que ciertas técnicas interrogatorias - muchas de las cuales son vistas por los expertos en derechos humanos como tortura o formas igualmente prohibidas de trato cruel, inhumano y degradante -- deben ser permitidas durante la guerra contra el terror. Cuando tanto el representante más importante de la ley de los Estados Unidos como los candidatos para su presidencia sugieren, como lo hizo el notorio memorándum de Yoo y Bybee, que el castigo con severos dolores psicológicos y físicos tales como asfixia simulada puede no constituir tortura criminal, es razonable que muchas personas asuman que el mismo mensaje está siendo transmitido, más silenciosamente, a algunos de los agentes norteamericanos. El hecho que los funcionarios norteamericanos no declaren que técnicas como asfixia simulada son repugnantes e ilegales, inclusive en situaciones llamadas "ticking bomb" (bomba de tiempo), sugiere al mundo que los Estados Unidos sigue insistiendo en que tiene el derecho de juzgar, por si mismo y aplicar "sub silentio" (en silencio) la derogación , de una norma internacional que no permite derogación. Si los funcionarios de más alto rango de los Estados Unidos continúan en discutir si la asfixia simulada es tortura, ¿será posible que llegue el momento en que trataran de defender incluso el uso de instrumentos de tortura más conocidos como el potro o los tornillos?

Las afirmaciones vagas de que los Estados Unidos no está violando una de las menos impugnadas normas jus cogens no es una política factible. Los esfuerzos del departamento de estado norteamericano para convencer al mundo que los Estados Unidos respeta y valora el derecho internacional y el estado de derecho serán nulos si lo que hace es visto como sutilezas legales para justificar lo que la mayoría en el mundo correctamente considera como conducta no civilizada, bárbara e ilegal.

Para la mayoría en el mundo, no ayuda saber que el congreso de los Estados Unidos, intencionalmente o no, haya sido cómplice en estos actos a través de la aprobación de legislación reciente por la que quita la forma clave de protección judicial contra la detención arbitraria y abusiva (habeas review o acciones de amparo), concede amnistía a ex-torturadores, permite una defensa para futuros torturadores que fueron autorizados, y autoriza el uso de pruebas derivadas de tácticas de coerción (pero no la tortura en si). Para aquéllos que ven el abuso intencional en contra de seres humanos como una práctica completamente antitética a la ley, el que el congreso de los Estados Unidos haya hecho casi imposible descubrir (mucho menos castigar) a los torturadores e inclusive haya permitido al presidente definir lo que constituye trato cruel, inhumano o degradante, solamente apoya la posición de los que sospechan que los Estados Unidos abusa de algunos de los que detiene y rinde sospechosos a otros estados que hacen lo mismo.
El problema más serio con los memorándums originales de Yoo o Bybee (o con respecto a los memorándums secretos posteriores) seguramente no fue que el presidente Bush no haya buscado aprobación del congreso antes de expedirlos. Que estos memorándums ofenden la separación de poderes constitucionales de los Estados Unidos importa menos que la gran ofensa que éstos representan para la humanidad y la decencia básica -- así como la ofensa contra el derecho internacional. Solo aquéllos que han perdido de vista el objetivo del estado de derecho o que han olvidado que el derecho internacional existe para recordar a nuestros gobiernos (incluso a las democracias) la manera como los seres humanos merecen ser tratados, pueden imaginar que el acuerdo del congreso sobre trato cruel, inhumano o degradante soluciona el problema sobre la credibilidad de los Estados Unidos. Colocando la autoridad del presidente para torturar o realizar tratos crueles, inhumanos o degradantes dentro de la correcta categoría de la autoridad presidencial según la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en Youngstown Steel[2] no pondrá a los Estados Unidos en cumplimento con el derecho internacional - o hará que alguno crea que se puede confiar en la palabra de este país.

Los esfuerzos del Attorney General Mukasey y de otros para evitar la ineludible conclusión que la asfixia simulada es tortura criminal han sido quizás motivados por el objetivo de proteger a aquellos agentes norteamericanos que la usaron con la autorización del ejecutivo. Mientras que los interrogadores que enfrentan estos cargos ahora pueden tener una defensa bajo el derecho norteamericano, si utilizaron la asfixia simulada bajo la creencia que era ilegal, es posible que tales reconocimientos pongan a otros en riesgo de ser acusados, incluyendo aquéllos que enviaron personas a lugares donde tal trato era esperado. Pero la contínua ofuscación por parte de los funcionarios norteamericanos no hará nada para impedir la posibilidad de acusación penal por otras naciones y puede hacer que tales acusaciones sean más probables. En la entrevista mencionada antes, Jimmy Carter se negó a respaldar las acusaciones penales contra aquéllos que pudieron haber autorizado la tortura. Sugiere en cambio, que los Estados Unidos apoya el uso de la "urna electoral" para castigar a tales personas. Si Carter tiene razón, otras naciones podrán sentirse obligadas por sus propias obligaciones internacionales (como las de la Convención contra la tortura) para iniciar acusaciones penales incluso en contra de ex-funcionarios de alto nivel del gobierno norteamericano. Esta es, sin embargo, otra razón por la cual el congreso norteamericano necesita aprobar legislación que pueda clarificar de manera absoluta, como lo hace el revisado manual del ejército de los Estados Unidos, que tanto la CIA como las fuerzas armadas norteamericanas no pueden utilizar técnicas como la asfixia simulada ya que viola el articulo tres común de las Convenciones de Ginebra.

Continuar la ofuscación a cerca de este asunto sin la realización de acciones efectivas para prevenir los abusos de los detenidos y castigar a los abusadores, no es solamente deshonesto sino también falla en proteger a aquéllos que sirven a los Estados Unidos en maneras más honorables.

José E. Alvarez

Footnotes