El nuevo bipartidismo que vemos emerger en Washington, D.C., podría resucitar el apoyo bipartidista para el derecho internacional en los Estados Unidos. Para la mayor parte de los miembros de la ASIL, tal cambio de percepción no puede llegar lo suficientemente pronto. La extraña (y poco histórica) idea de que el derecho internacional sustentaría una agenda bipartidista se cristalizó a comienzos del gobierno de Clinton, en reacción al manifiesto apoyo de los demócratas a un "multilateralismo agresivo." Desde entonces ha sido fomentada tanto mediante retórica - afirmaciones a-la-John-Austin de que los tratados y/o la costumbre no son "derecho" o legalmente vinculantes por parte algunos que han ocupado posiciones de alto nivel dentro del actual gobierno republicano (e.g., John Bolton y John Yoo) - como a través de acciones, tales como la reciente aprobación de la polémica Ley de las Comisiones Militares, legislación que motivó airadas quejas de la mayoría de los demócratas en el Congreso, defensores de las libertades civiles, escritores "liberales" de editoriales de periódicos, importantes ONGs de derechos humanos y no pocos miembros de nuestra Sociedad.

Dejando de lado nuestra propia posición sobre la Ley de Comisiones Militares,[2] lo que resultó especialmente perturbador de su aprobación, mayormente cruzando las líneas partidistas, fue que volvió a sugerir (incorrectamente) que el apoyo al derecho internacional se apoyaría en la línea divisoria entre partidos. Por supuesto, hubo también un tiempo, no hace mucho, en que muchos llegaron a la misma conclusión, pero a lo largo de distintas líneas partidistas, como cuando el Presidente Eisenhower se opuso a los Dixiecrats sureños * que en los 50s apoyaban la Enmienda Bricker ** como defensa contra los tratados de derechos humanos.

Pero ni los intentos de los demócratas de aprobar la Enmienda Bricker, ni el apoyo republicano a la divisoria Ley de Comisiones Militares, debieran cegarnos frente al hecho de que el derecho internacional, el estabilizador de las naciones, ha concitado normalmente el apoyo de quienes están al centro del espectro político estadounidense, sin importar su afiliación partidista. Los republicanos que fundaron la ASIL entendieron que el construir y hacer valer el imperio del derecho, tanto a nivel internacional como nacional, eran esfuerzos profundamente patrióticos para permitirle a los Estados Unidos, junto a otras naciones con objetivos similares, promover la libertad para el individuo y los mercados libres; vieron la necesidad de tanto de la conclusión pacífica de las disputas interestatales como de las reglas globales armonizadas, para promover numerosos compromisos sociales que compartían, desde preservar los bienes comunes a aumentar el bienestar global. No vieron el formar parte de tratados que promovieran estos objetivos como una disminución de soberanía, sino más bien como su mismo ejercicio.

Es evidente el atractivo que el derecho internacional tiene para los presidentes, tanto republicanos como demócratas. Los poderes de celebrar tratados, el de comandante en jefe y el de conducir los asuntos externos, siguen siendo los principales mecanismos que el ejecutivo tiene para incrementar su poder. (Ello está implícito en la Ley de Comisiones Militares). Pero el derecho internacional también tiene mucho que ofrecerle a las otras ramas del gobierno. Para nuestros tribunales, los límites impuestos por el derecho internacional pueden ayudar a que broten los reclamos de que existe un poder ejecutivo "unitario" todopoderoso y fundamentalmente nodemocrático. Con frecuencia nuestros legisladores se vuelcan hacia los tratados como si fueran la única herramienta capaz de convertir una promesa entre estados, de otra forma política y poco confiable, en un compromiso vinculante - la mejor vía para alcanzar fines que ninguna nación puede conseguir por sí sola. Incluso nuestros gobiernos estatales se han apoyado a veces en normas o instituciones internacionales para satisfacer a sus electores - siempre que el gobierno federal no lo haya prohibido primero. Por supuesto, las obligaciones internacionales más profundas o invasivas que los Estados Unidos tienen - aquellas de la OMC y de acuerdos de inversión como el NAFTA - se acomodan a los intereses de, entre otros, los miembros de la Mesa Redonda de Negocios de los EE.UU. y su muchos amigos en ambos lados del espectro político.

El apoyo bipartidista al derecho internacional no descansa solamente en los muchos beneficiarios que podamos encontrar ni en los impredecibles resultados de elecciones. Muy por el contrario, es probable que, a pesar de los contratiempos inmediatos, persista en el largo plazo gracias a las nuevas formas en que se está haciendo el derecho internacional.

Mírese, por ejemplo, este revelador artículo publicado en el Magazine del New York Times el 17 de septiembre del 2006. Bajo el título "Global Gun Rights?" ("¿Derechos Globales a Portar Armas?"), Joshua Kurlantzick describía la actuación de la Asociación Nacional de Rifles (NRA) el año pasado en Brasil, al contribuir a la derrota en las urnas de una propuesta que pretendía imponer una prohibición nacional al porte de armas, así como posteriormente a ayudar a que se produjera en la ONU el colapso de las conversaciones para obtener un acuerdo sobre una convención que regulara las armas pequeñas. Kurlantzick reportaba que la estrategia de victoria de la NRA incluía "adoptar el lenguaje de los derechos" para sugerir que las restricciones nacionales e internacionales sobre la posesión de armas podría transformarse en amenazas a otras libertades civiles. Kurlantzick sostenía que la NRA está a la vanguardia de muchos grupos conservadores que han estado cada vez más dispuestos a "tener alcance global" y "exportar sus propias ideas de derechos universales," de forma de asegurar "más efectividad para la política estadounidense."

Tal como advertirán los miembros de la Sociedad, las tácticas de la NRA son típicas de otros representantes autodesignados de la "sociedad civil internacional," muchos de los cuales han estado "persiguiendo el alcance global" por un buen tiempo. Hay cierta ironía en el tardío giro de la NRA hacia los regímenes internacionales. Después de todas las críticas dirigidas a las ONGs liberales "poco democráticas" o "no reponsabilizables" que emplean "de manera injustificable" los foros internacionales para "pegarle un segundo mordisco" a las decisiones de políticas en las que han sido derrotadas a nivel nacional, parecería que la NRA ha decidido ahora sumarse a la batalla, codo a codo con aquellas entidades que han alentado a los estados a prohibir las minas personales, a promover la supervsión supranacional profunda del respeto a los derechos humanos, y a establecer la Corte Penal Internacional. Por otra parte, las acciones transnacionales de la NRA probablemente motivarán reclamos de la izquierda política y el sur del mundo acerca de que los procesos de tratados internacionales le dan- de manera injusta - poder a las ONGs del mundo occidental que cuentan con mayores recursos, influenciando los debates interestatales en el eje nortesur y sus resultados.

La historia de la NRA nos da varias lecciones. Para aquellos de nosotros que nunca hemos visto una organización o tratado internacional que no nos guste, podría despertar nuestro juicio crítico y forzarnos a considerar la posibilidad de que no todos los procesos legales internacionales son merecedores de aplauso, sin importar su supuesta "transparencia" o "apertura" a diversos puntos de vista. Más aun, debiera recordarnos que el proceso legal internacional le ofrece mucho a todos los sectores del espectro político estadounidense y que nadie - y no escapan a ello los grupos de activistas conservadores - puede ignorar el juego del derecho internacional. Los grupos organizados en los Estados Unidos que tienen dimensión internacional han estructurado sus actividades para acomodarse a, y tomar ventaja de, las reglas y foros del derecho internacional, y aquellos que todavía no lo han hecho están esforzándose por conseguirlo. Después de todo, ¿qué grupo, sin importar si los que lo conforman se consideran demócratas, republicanos o independientes, quiere perder el poder de apoyo de las grandes masas o la legitimidad que puede otorgar una institución multilateral?

El hecho de que diferentes instituciones y normas legales internacionales reciban diferentes niveles de apoyo a lo largo de las líneas rojas y azules - e.g. que los republicanos tiendan a apoyar el NAFTA y la OMC, mientras que los demócratas tiendan a apoyar los regímenes globales para el medio ambiente o la ONU (y que ambos tengan medios de comunicación y ONGs para dar salida a sus perspectivas) - no debiera oscurecer la realidad subyacente: que todos están confiando cada vez más en la legitimidad, el poder y la naturaleza jurídicamente vinculante de sus fuentes o regímenes predilectos de obligación internacional. Ahí reside la principal esperanza de un derecho internacional bipartidista.

Peor que todo lo anterior es que, tal como señala un reciente informe del Centro Internacional para la Justicia Transicional, nos hemos "sobreprometido" a la vez que hemos exhibido "desempeños deficientes" cuando se trata de combatir la impunidad y lograr avances en reconciliación en los lugares que lo necesitan con más necesidad - no sólo Darfur, sino por todo el Sahara sub-africano, en lugares como Burundi, el Congo, Ghana, Liberia y Ruanda. Tal como este desolador informe sostiene, los abogados internacionalistas han elevado las expectativas respecto de la "justicia transicional" en lugares donde no resulta claro que se haya producido una "transición" en primer lugar, y en donde las instituciones fundamentales necesarias para promover cualquier tipo de "justicia" - mucho menos para delitos masivos - no existen.[3] No es claro que el intentar valernos del derecho internacional haya hecho ninguna diferencia en las vidas de las personas a las que se supone queremos ayudar primordialmente.

A pesar de la institución de costosos tribunales internacionales y de diversas variaciones de comisiones de verdad, de reparaciones y de programas para dar a conocer los abusos, la "brecha de la impunidad" sigue siendo lo suficientemente amplia para obligarnos a reevaluar la mayoría de las premisas fundamentales del derecho penal internacional post-Nuremberg. Estas creencias incluirían nuestra premura para identificar "víctimas" y "perpetradores" reconocibles (y, consiguientemente, para evitar la culpa colectiva), nuestro aparente "deber de procesar," y nuestros esfuerzos judiciales para establecer con claridad la historia e indemnizar a las víctimas.[4] A contrapelo de nuestras aspiraciones e inclinaciones universalistas, estamos adquiriendo conciencia de que no existe un modelo único para establecer las responsabilidades criminales que sea igualmente efectivo en todas partes, y que la impartición nacional de justicia localizada bien puede ser el más promisorio. Algunos de nosotros incluso hemos sugerido que la propia CPI podría tener que reestructurarse para promover la "nacionalización" del derecho penal internacional - una recomendación algo irónica si se pone al lado de las cinco décadas de esfuerzo para internacionalizar esa rama del derecho.[5] A otros, como Mark Drumbl, les preocupa que incluso una aplicación cuidadosa del régimen que acompaña a la CPI pueda alentar la heterogeneidad en foros pero, al mismo tiempo, fomentar erróneamente la homogeneidad en el manejo de los delitos o de las sanciones impuestas.[6] La cacofonía de voces - incluso entre nuestros expertos más destacados - en este campo es una bienvenida señal de que la arrogancia todavía no triunfa, incluso entre los camaradas grocianos.

Los graves errores cometidos al enjuiciar y ejecutar a Hussein en un decididamente no pacífico Irak no debieran llevarnos a pensar que podemos cantar "misión cumplida" simplemente porque nos hemos involucrado en un puñado de juicios internacionales contra algunos criminales de alto nivel en otras partes del mundo. A estar alturas nadie duda que esa lección la aprendimos sobre un portaaviones cuatro muy largos años atrás. Con respecto a este tema, al igual que muchos otros cuya complejidad sobrepasa nuestra comprensión de abogados, somos y debemos seguir siendo una sociedad de - y no un grupo de anunciadores por el - derecho internacional.

José E. Alvarez

Footnotes